Defiende la tierra

Esta es la historia de Rathnamali, de Sri Lanka.

Rathnamali es una enérgica madre de tres niños de la aldea de Paanama, en Sri Lanka. La agricultura lo era todo para ella, por lo que al arrebatarle sus tierras ha perdido su medio de vida. La de Rathnamali fue solo una de las 350 familias de agricultores que se vieron obligadas a desalojar sus tierras para dejar paso a la construcción de un hotel. La comunidad llevaba utilizando estas tierras colectivamente desde hace muchos años.

Cuando se incumplió la promesa de proporcionar otras tierras a las familias, los miembros de la comunidad se movilizaron pacíficamente para protestar, pero se toparon con una respuesta violenta, intimidaciones y amenazas.

Al contemplar el arrozal de alquiler en el que trabaja ahora, Rathnamali se lamenta de las dificultades a las que se enfrenta cada día para alimentar a su familia. La educación de su primogénito se ha visto gravemente afectada por la falta de tierras y de ingresos estables. Sin embargo, una vez más, esto no ha conseguido doblegar su voluntad. “Tenemos que ganar esta lucha, no solo para conseguir justicia para nosotros, sino para nuestros hijos”. Descubre más.

Apoya a la comunidad de Paanama y pide que se respeten sus derechos sobre la tierra.

Esta es la historia de Teddy, del Perú.

Teddy es el carismático y franco líder de la comunidad quechua en la localidad de Nuevo Andoas, en las profundidades de la selva amazónica del Perú.

Teddy sigue los pasos de su padre, que fue el anterior líder de la comunidad y voz crítica contra el Gobiernoen la lucha por los derechos de los pueblos indígenas.

Desde los años setenta, el Estado permite que multinacionales extraigan hidrocarburos en las tierras de los pueblos indígenas sin su consentimiento. Muchas familias de esta zona sufren problemas de salud debido a la contaminación. Teddy y las comunidades han pedido al Gobierno que realice una investigación toxicológica para detectar metales pesados en sus organismos.

La lucha por proteger el medio ambiente supone también un llamamiento a las autoridades para que respeten los derechos de las comunidades quechuas sobre sus tierras ancestrales. La comunidad y sus tierras son uno solo. La Constitución del Perú de 1920 dio el primer reconocimiento oficial de la existencia de las comunidades indígenas. No obstante, un siglo después, el Estado sigue sin formalizar estos derechos.

Mientras Teddy mira cómo juegan los niños en la orilla del resplandeciente río Pastaza, afirma que “al Gobierno no le importa. No tiene ningún interés en garantizar que podamos vivir aquí”.

“Heredamos esta tierra de nuestros padres. Ahora viene nuestra generación, y después vendrán las siguientes. Pero vivimos sabiendo que el Gobierno puede volver a permitir que las empresas petroleras accedan a nuestras tierras en cualquier momento”. Descubre más.

Apoya a Teddy y al resto de las comunidades quechuas en su llamamiento al Gobierno para que reconozca los derechos que estas personas tienen sobre la tierra e investigue los casos de contaminación.

Esta es la historia de Cissy, de Australia.

Cissy es una aborigen de las comunidades autóctonas de Jaru y Kija. Nació y creció en la región de East Kimberley, Australia Occidental y ha vivido en Balanggarra. Durante su infancia vio cómo las personas mayores de la comunidad luchaban por los derechos del pueblo aborigen, y ahora es una de las muchas personas que lideran esta lucha.

Para Cissy, la lucha por un mayor reconocimiento de los derechos sobre las tierras aborígenes es de suma importancia, ya que los derechos parciales de propiedad de la tierra (Native titles) de los que disponen actualmente no son suficientes. Cissy afirma que “parece que en Australia a los gobiernos les asusta conceder plenos derechos a los pueblos aborígenes para que podamos tomar decisiones sobre nuestras tierras. Somos una amenaza porque alzamos nuestra voz para reclamar que se respeten nuestros derechos. Estamos decididos a seguir luchando y a superar las barreras con las que el Gobierno intenta frenarnos”.

Uno de los ejemplos de la lucha del pueblo aborigen en Kimberley es su oposición a las propuestas para declarar nuevas zonas de conservación, ya que esto anularía sus derechos sobre las tierras. Cissy explica que “la financiación que el Gobierno nos concede para defender los derechos aborígenes es escasa o inexistente. A veces nos sentimos desamparados”.

Sin embargo, Cissy y su comunidad seguirán luchando por la justicia, la imparcialidad y la igualdad de los pueblos aborígenes. “Estamos decididos a seguir luchando y recuperar lo que nos pertenece: nuestros derechos sobre las tierras”. Descubre más.

Cissy pide al Gobierno de Australia Occidental que deje de socavar los derechos de los pueblos aborígenes sobre las tierras, que proporcione oportunidades y servicios básicos en estas tierras y que promulgue una nueva legislación sobre patrimonio cultural que otorgue al pueblo aborigen el poder de tomar decisiones sobre las cuestiones que afectan a sus vidas.

Esta es la historia de Kandana, de India.

Es otra tarde húmeda en el rural estado de Odisha, en la India. Kandana, de 62 años y padre de cinco hijos, lleva un pañuelo atado alrededor de la frente para apartar de sus ojos el sudor y su largo cabello negro.

Kandana lo tiene claro: “La tierra es nuestra vida”. La comunidad de Kutia Kandh Adivasi sabe cuidar de los frondosos bosques que pueblan las cumbres de la región en la que viven. Aunque hayan cultivado y vivido en estas tierras durante varias generaciones, no disponen de documentos oficiales que reconozcan los derechos que tienen sobre ellas. Kandana afirma: “El Gobierno se está apropiando de estas tierras para plantar teca”.

Tres generaciones de su familia han llegado a ser encarceladas por cultivar en estas tierras.

“Los guardias forestales nos golpean, cuando lo que hemos hecho es trabajar la tierra que hemos protegido durante generaciones”.

Cuando Kandana descubrió que la ley había cambiado para que las personas en la misma situación que él pudieran conseguir títulos legales sobre la tierra, organizó a la comunidad para formalizar las reclamaciones. Le llevó cuatro largos años, pero al final pudo garantizar los derechos de su familia y de otras 50.

Con el rostro entristecido, nos dice lo siguiente: “Me sentí recompensado. Creía que ya nadie podría desalojarnos. Pensaba que había ganado la batalla de mi vida”. Pero luego, los funcionarios forestales, que aquí son la autoridad dominante, les arrebataron las tierras por segunda vez. Una vez más, lo hicieron por avaricia. En nombre de lo que denominan ‘forestación’, han vuelto a crear otra plantación lucrativa de teca.

Kandana sigue luchando. A pesar del acoso al que está sometido, lidera un llamamiento para que el Gobierno nacional aplique las leyes. También reivindica que se reconozca el derecho de su comunidad sobre las aproximadamente 242 hectáreas de bosque que han protegido colectivamente durante décadas. Kandana está preocupado. Los funcionarios forestales han comenzado a crear plantaciones de teca allí también. A Kandana también le preocupa la propia tierra: odia tener que comparar el respeto con el que su comunidad cuida de la tierra con el trato desconsiderado con el que el Gobierno crea plantaciones industriales, destruyendo la biodiversidad. Kandana pide al Gobierno que frene el acaparamiento de las tierras de la comunidad mediante la aplicación de la Ley de reconocimiento de los derechos forestales, y que se reconozcan los derechos de su familia y su comunidad sobre estas tierras. Descubre más.

Esta es la historia de Miriam, de Honduras.

Las comunidades garífunas afrohondureñas han vivido durante siglos en la costa norte de Honduras.

En sus celebraciones se puede oír a los hombres tocando tambores de madera mientras las mujeres bailan y cantan canciones sobre la historia de su pueblo. Esta es la historia de la integración de africanos occidentales en poblaciones indígenas caribes y arawacas, que viven de la agricultura en la costa caribeña de América Central.

Sin embargo, sus casas, sus tierras e incluso la madera de sus tambores se ven ahora amenazadas por las plantaciones de aceite de palma, los magnates inmobiliarios y los promotores turísticos, quienes, con el visto bueno del Gobierno, se están apoderando de sus tierras y explotándolas, lo que pone en peligro sus medios de vida.

Miriam es la indómita líder de la Organización Fraternal Negra Hondureña. Habla con pasión de su lucha por proteger las tierras garífunas y su identidad, enfatizando cada idea con sus manos. Nos cuenta “cómo las comunidades se están viendo desplazadas y cómo están desapareciendo culturas debido a la expansión del turismo y otras operaciones”. Sin apenas hacer una pausa para respirar, añade: “sin embargo, las mujeres garífunas tenemos una fuerza increíble”.

Miriam se ha granjeado poderosos enemigos. Aún así, no se amedrenta al contarnos cómo la policía la agredió durante una protesta pacífica, qué se siente al ser etiquetada de “criminal” por el Estado y  las amenazas de muerte que ha recibido. No son amenazas en vano: una de sus socias y amigas íntimas, la líder indígena lenca Berta Cáceres, que se oponía de manera activa a varios proyectos que amenazaban las tierras de su pueblo, fue asesinada en marzo.

Miriam y su comunidad piden al Gobierno de Honduras que apruebe una ley para garantizar que las comunidades locales tengan el derecho de aceptar o rechazar con libertad nuevos proyectos que afecten a sus tierras. A pesar del peligro, Miriam no se detendrá ante nada en su lucha, que va más allá de la tierra: una lucha por el futuro de la juventud.

Miriam está orgullosa de su identidad. Las mujeres garífunas como ella enseñan a sus hijos cuáles son sus orígenes “para que conozcan sus raíces sin avergonzarse de ellas”. Pero,  para preservar la identidad de las futuras generaciones garífunas es fundamental defender sus tierras comunales y la biodiversidad que hay en ellas de los intereses de las grandes empresas que tratan de explotarlas.

Durante los últimos seis años, han sido asesinados más de 100 defensores del medio ambiente y los derechos humanos en Honduras. Esto debe parar. El Gobierno de Honduras y las instituciones financieras internacionales deben garantizar la protección de los derechos humanos de las comunidades indígenas y afrodescendientes, así como respetar las normas internacionales, entre las que se incluye el principio del consentimiento libre, previo e informado para cualquier proyecto que tenga un impacto en los territorios de estas comunidades. Descubre más.

Esta es la historia de Namonaro, de Mozambique.

Hasta hace cuatro años, Namonaro estaba contenta con su vida en el distrito de Gurue, al norte de Mozambique. Nos cuenta orgullosa los recuerdos que tiene de su parcela de tierra: “tenía una casa, bananos, árboles de mango, y terreno para cultivar maíz y frijoles para mí y mis dos hijos”. Pero un día llegaron a la comunidad representantes de una empresa. Namonaro añade: “No nos avisaron. Ni siquiera nuestro líder local nos advirtió de que vendrían a quitarnos nuestras tierras”.

Los representantes de la empresa pidieron a los miembros de la comunidad que identificasen sus tierras. Namonaro nos explica que “después de eso, me hicieron firmar un documento, pero ni siquiera me explicaron lo que decía y yo no sé leer”.

Se pidió a la comunidad que abandonase sus tierras inmediatamente. A Namonaro solo le dieron 30.000 metical (alrededor de 400 dólares) como indemnización por sus 10 hectáreas de terreno: menos de lo que le había costado construir su casa. Ha pedido en vano que le concedan un acuerdo más justo. Las personas que tardaban demasiado en abandonar sus tierras fueron desalojadas por la fuerza.

A los 200 miembros de la comunidad de Namonaro no se les proporcionó ningún lugar adonde ir ni se les ayudó a encontrar un nuevo hogar. En palabras de Namonaro, este mal trato “nos hizo sentirnos como si no fuéramos personas… y nos causó un gran dolor”. Namonaro y su familia no se encuentran seguros en la tierra que ahora tienen que alquilar y tienen dificultades para cultivar alimentos suficientes en un suelo que es infértil y pantanoso.

Namonaro pide al Gobierno y a las autoridades locales que les concedan tierras. Tiene claro lo que espera del futuro: “nuestra comunidad necesita un lugar en el que vivir y tener voz en las decisiones que afectan a nuestros derechos”. Descubre más